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RESUMEN. La responsabilidad del Estado es uno de los temas más importantes en el Derecho Internacional. En este trabajo se realizará un estudio de los criterios de atribución aportados por la Comisión Internacional de Derecho en su Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Abordaremos, además, las situaciones en materia de responsabilidad del Estado surgidas con la aparición de las Empresas Militares y de Seguridad Privada. Estos entes privados han irrumpido en el panorama internacional como instrumento utilizado por los Estados para llevar a cabo funciones de carácter público. En primer lugar abordaremos el estudio de este tema desde la distinción de las EMSP y los mercenarios. Asimismo nos ocuparemos de desarrollar los textos normativos que pueden encontrarse en el Derecho Internacional y que podrían servir de referencia para el estudio de la actuación de estos entes que son, esencialmente el Documento de Montreux y el Proyecto de Convenio sobre las empresas militares y de seguridad privada del Grupo de Trabajo de las naciones Unidas. En estos documentos se distingue entre las obligaciones dirigidas a los Estados contratantes, los Estados origen y los Estados territoriales. Por último...

Estudio de la responsabilidad del Estado colombiano como consecuencia de la detención preventiva injusta. Analizaremos la problemática que implica imponer una medida de detención preventiva injusta bajo la óptica del derecho a la libertad personal en el derecho constitucional, penal interno y derecho internacional de los derechos humanos. análisis de la evolución en el ordenamiento jurídico interno, del concepto de detención preventiva injusta, en términos de la jurisprudencia nacional del Consejo de Estado después de la constitución política de Colombia expedida en 1991 por la asamblea constituyente. Finalmente, estableceremos si el Estado colombiano es responsable patrimonialmente por haber impuesto una medida de detención preventiva injusta cuando se genera un daño antijurídico al ciudadano cuyo derecho a la libertad fue limitado.

Más de un siglo antes de que Luís XVI ascendiera al trono en 1.774, el Estado Francés había sufrido periódicas crisis económicas como consecuencia de las largas guerras emprendidas durante el reinado de Luís XIV, la mala administración de los asuntos nacionales en el reinado de Luís XV y el aumento de la deuda generada a raíz de los préstamos a las colonias británicas de Norteamérica durante la guerra de independencia estadounidense.; 137 p.; Contenido parcial: Modelos que gozan de un control de constitucionalidad de las leyes -- Modelos que no gozan de un control de constitucionalidad de las leyes -- La responsabilidad patrimonial del estado colombiano antes de la constitución de 1991 -- Criterios utilizados para imputar responsabilidad al estado colombiano -- Eventos en los cuales el estado puede resultar responsable patrimonialmente por los actos del legislador.

La responsabilidad extracontractual del Estado puede tener diferentes fuentes y puede darse por diversos motivos, entre ellos privar de la libertad a una persona cuando no existe fundamento jurídico para ello, bien sea porque no ejecutó a tiempo la acción penal o porque dejó transcurrir el tiempo sin hacer cumplir la sanción penal. En el presente artículo se pretende indicar cuáles son los motivos jurídicos de la responsabilidad del Estado cuando ocurren estos hechos.

El presente trabajo se orienta a demostrar el incumplimiento de las obligaciones nacionales y convencionales del Estado colombiano, por el tratamiento que le da a la población reclusa, que se encuentra en condiciones de existencia que carecen de dignidad y no se ajustan a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos dadas en el Congreso de Naciones Unidas en 1955. Así mismo desarrollamos las bases para que los reclusos que han padecido de estos tratos inhumanos y degradantes acudan ante la jurisdicción contencioso administrativa a través del medio de control de reparación directa, y que se declare que fue causado un daño antijurídico que no tienen el deber de soportar, y que este bien tutelado se encuentra consagrado en la legislación colombiana y diferentes instrumentos internacionales.

En este artículo se analizarán los criterios que han elaborado la doctrina y la jurisprudencia nacionales e internacionales respecto de la adecuación de la responsabilidad del Estado a parámetros que ha determinado el sistema interamericano de derechos humanos, con el fin de evidenciar la disposición del sistema judicial colombiano para cumplir con los deberes de respeto y garantía a estos derechos.

El Estatuto de Roma como Régimen internacional genera dinámicas de cooperación con los Estados miembro en materia de Derechos Humanos; en España se llevaron a cabo procesos de armonización institucional que se tradujeron en voluntad política de reconocer los derechos y establecer medidas de restitución a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, a través de la formulación de la Ley de Memoria Histórica en el año 2007; sin embargo el cumplimiento de estas es insuficiente a la hora de analizar la responsabilidad internacional de España en Derechos Humanos.; The Rome Statute like international Regime generates dynamics of cooperation with the member states in Human rights; in Spain were carried out processes of institutional harmonization that were translated in political will to recognize the rights and to establish measures of restitution to the victims of the civil war and the dictatorship; across the formulation of the Law of Historical Memory in the year 2007; nevertheless the fulfillment of these is insufficient at the moment of analyzing the international responsibility of Spain in Human rights.

Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional a mediados del siglo xx. En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución de 1978, dándose el primer fallo judicial en elaño de 1993. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrase las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución de 1886, tales como los artículos 2º, 16 y 30, que consagró el principio de legalidad del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el título de derecho. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo colombiano en el año de 1998 y por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-038 de 2006...

El Derecho Penal Internacional es una rama bastante reciente del Derecho Internacional Público. En ese orden de ideas, el Derecho Penal Internacional le debe mucho a otras especialidades del Derecho Internacional, como lo son el Derecho de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, puesto que si bien estas dos especialidades pueden y deben separarse del Derecho Penal Internacional, ciertos crímenes involucran tanto infracciones a las normas de DIH como a las de Derechos Humanos. En consecuencia, han dotado al Derecho Penal Internacional de parte de su contenido y por tanto podríamos considerarlas –guardadas las proporciones- como ancestros evolutivos de la especialidad, materia de esta monografía.; A research about the mental disease or defect as a defense or ground to exclude criminal responsibility on the international criminal law

La Convención de Ottawa de 1998 -sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas Antipersonal y sobre su destrucción- hace parte de la respuesta internacional a la crisis de índole humanitaria originada por la expansión mundial de este tipo de armamentos. Este tipo de enemigo invisible se encuentra en más de 70 países, generando uno de los problemas humanitarios más graves y acuciantes de todos los tiempos que el ser humano haya podido padecer. Por lo anterior, al menos 90 países de los cuales hizo parte Colombia, se reunieron voluntariamente en 1997 a negociar un Tratado (de Ottawa) y que a la postre se ha convertido en un gran logro ya que por vez primera los países acordaron de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario el cese total de la producción, almacenamiento, utilización de estos artefactos explosivos. Pese a la prohibición general impuesta por la Convención de Ottawa, la cual es válida de igual forma para todos los actores armados en el conflicto, hoy día se continúa registrando en el país un aumento generalizado en la utilización de minas. Es por ello, que el presente trabajo pretende identificar particularmente las principales limitaciones y obstáculos que se han presentado para que el Gobierno colombiano de cumplimiento satisfactorio en los tiempos estipulados con los compromisos adquiridos en dicho Tratado Internacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales); En el marco del Derecho Internacional, los Estados comprometen su responsabilidad frente a las obligaciones de las cuales es sujeto pasivo, originadas, ya sea, a partir de un tratado, la costumbre o las normas ius cogens. El incumplimiento de una obligación internacional, genera la responsabilidad del Estado infractor, de cara al titular del derecho vulnerado que, generalmente, será otro Estado. En virtud de dicha responsabilidad el Estado infractor, se verá compelido jurídicamente a resarcir los daños que su incumplimiento imputable generó, en otras palabras, el infractor deberá reparar los daños que su conducta provocó a los sujetos afectados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales); No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo; El presente trabajo tiene por finalidad analizar y establecer cuáles son los requisitos o presupuestos necesarios para que un Estado Parte de la Convención Americana tenga el deber de efectuar una determinada reparación, y cuáles son las razones jurídicas que justifican y legitiman la atribución, para dicho Estado, del deber en cuestión. En otras palabras, el objetivo esencial que nos planteamos en esta memoria es estudiar y precisar los antecedentes, elementos y fundamentos en base a los cuales se configura la responsabilidad internacional de un Estado que integra el sistema de protección dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales); No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo; En este trabajo se realiza una investigación exploratoria de los principales fallos que se han pronunciado directa e indirectamente sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en materia de violaciones a los derechos humanos y otras lesiones con motivo de la violencia política durante el régimen militar en Chile. A través de esta investigación, se extraen los criterios que la jurisprudencia judicial ha elaborado para estos casos y se examina su implicancia en el sistema de los derechos fundamentales y el derecho internacional de los derechos humanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales); No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo; En una primera aproximación es conveniente efectuar una revisión panorámica y descriptiva de lo que podríamos denominar el Sistema Jurídico de los Derechos Humanos, entendiendo por tal el conjunto de normas jurídicas sobre derechos humanos con validez jurídico-formal, aplicables en un tiempo y lugar determinados. Así podremos tener claridad sobre el bosque en el que nos internaremos y al interior del cual individualizaremos los árboles determinados que lo componen. En segundo termino, entraremos al análisis comparado de conceptos de la Ciencia del Derecho en general, en relación con algunos conceptos jurídicos que tienden a ser propios dentro del ámbito de los derechos humanos; en esta parte el análisis versará sobre algunas de las particularidades que presentan las normas de derechos humanos frente al común de las normas jurídicas. Es así como intentaremos indagar la forma en como juegan conceptos tales como fuente formal del Derecho, bien jurídico protegido junto a sus posibles tipologías, además de una breve referencia al problema de quienes son sujeto activo y pasivo, temas que tendrán un análisis aparte. Este ejercicio nos servirá para apreciar los rasgos propios que presentan las normas sobre derechos humanos frente a las normas jurídicas ordinarias. En el capítulo siguiente y principal...

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales); No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo; El presente trabajo tiene por objeto analizar la responsabilidad internacional de los Estados conjuntamente con el texto de artículos sobre “Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos” adoptado por la Comisión en su 53º Período de Sesiones. Para llevar a cabo lo anterior, hemos dividido el tema en tres capítulos. El primero, “El hecho internacionalmente ilícito del Estado”. En el capítulo II, “Consecuencias jurídicas del hecho ilícito”, se trata la nueva relación jurídica que nace entre el Estado que ha infringido la norma jurídico-internacional y el Estado que ha sido afectado por dicha violación. Esta nueva relación se traduce, por una parte, en “el deber de reparar” y, por la otra, en “el derecho de exigir la reparación”. Por último, en el capítulo III, “Modo de hacer efectiva la Responsabilidad internacional del Estado”, se estudia de que forma y en que circunstancias el Estado o Estados lesionados pueden invocar la responsabilidad internacional de otro Estado.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales); ; No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo; El 5 de Febrero de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por la censura de la película "La Ultima Tentación de Cristo", quedando de tal forma expuesta la responsabilidad internacional de nuestro país. Con la dictación de esta sentencia se culminó entonces un proceso que se habia iniciado en 1988 con la prohibición de dicha película por el Consejo de Calificación Cinematográfico. El problema que surgió de inmediato, una vez agotada la última "instancia" que nuestro ordenamiento jurídico señala, fue el de establecer la forma de cumplir con dicho fallo en pos de reparar debidamente el daño causado a los recurrentes e indirectamente, como miembros de ella, a toda la sociedad chilena. Esta situación se debió específicamente a que el Estado chileno, a través del poder judicial infringió disposiciones internacionales consagradas en la Convención Americana de Derecho Humanos referentes a la libertad de expresión e información, y por no haber modificado su ordenamiento jurídico con el ámbito internacional.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales); No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo; La presente memoria tiene como principal objetivo proponer a la prisión preventiva como causal de responsabilidad del Estado – Juez, en el contexto de una reforma constitucional al actual artículo 19 N° 7 letra i) de la Constitución Política de la República de Chile, que permita la consagración de una auténtica responsabilidad del Estado Juzgador, en el marco de un Estado constitucional de Derecho acorde al moderno Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales); El análisis sobre la Responsabilidad del Estado-Juez estará basado en el estudio de la normativa vigente, jurisprudencia y doctrina tanto nacional como internacional. Para ello dividiré la exposición en dos partes. La Primera Parte estará destinada a exponer la regulación existente durante la vigencia de la CPR de 1925 y CPR de 1980. El estudio del Derecho Comparado, la constitucionalización del Derecho Internacional y el respeto de los derechos humanos nos resulta de consideración obligatoria. Durante el siglo pasado comenzó a gestarse una nueva forma de concebir al ser humano y al Estado, por la cual éste último se encuentra al servicio del primero. Por estas razones, la Segunda Parte estará destinada a exponer el fundamento por el cual la postura amplia sobre responsabilidad estatal por actividad judicial tiene cabida en el ordenamiento jurídico nacional. Me refiero tanto a las normas constitucionales como a los Tratados Internacionales y a la interpretación que debe dárseles a la luz del Constitucionalismo Humanista. Abordaré, como visión general, los presupuestos que hacen procedente la responsabilidad del Estado por la actividad judicial para clarificar un caso particular...

Memoria (licenciado en ciencias juridicas y sociales); No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo; Durante los años 1973 a 1990 se instauró en nuestro país un régimen militar. En tal período, se producen una gran cantidad de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado en Chile, quien ha reconocido su responsabilidad principalmente en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Como consecuencia de tales violaciones, los familiares de las víctimas han presentado numerosas demandas por indemnización de perjuicios por los daños causados por los agentes del Estado en el ejercicio de sus funciones por la muerte y/o desaparición de sus seres queridos. Ante tal escenario, los tribunales superiores de justicia han adoptado por declarar la acción prescrita, aplicando las normas civiles por tratarse de una acción de naturaleza patrimonial, no dando lugar a la indemnización de perjuicios; o bien, por aplicar las normas de derecho internacional declarando la imprescriptibilidad de este tipo de acciones dada la primacía del derecho internacional por sobre el derecho interno. Nuestro análisis se basará en la procedencia de las normas civiles de prescripción respecto de la responsabilidad extracontractual de Estado de Chile por los ilícitos cometidos en el período del régimen militar...

En un principio; la teoría de la reparación del daño causado por acción u omisión atribuible al sujeto-Estado se enfrentó al dogma de la irresponsabilidad. Un paradigma que en el contexto del nuevo derecho constitucional no debe permitírsele vigencia alguna porque ya no se trata del ejercicio de un poder divino o leviatán por ser superior a sus habitantes como tesis institucionalistas de otrora. Sin embargo; como se evidenciará; existe posición jurisprudencial que hace remembranza de ella en materia de responsabilidad del Estado por desplazamiento forzado de personas y realidades doctrinales que plantean su retorno atenuado; dado que el derecho de la responsabilidad extracontractual se presenta como una opción poco adaptada para las víctimas. De allí la necesidad de determinar el esquema de resolución al problema jurídico que formula la justicia administrativa con el fin de identificar sus particularidades y establecer la hoja de ruta trazada a la reparación de una de las violaciones más flagrantes a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario