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Coacción administrativa, responsabilidad patrimonial del Estado y Convenio Europeo de Derechos Humanos

Barcelona Llop, Javier
Fonte: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Publicador: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; publishedVersion
SPA
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RESUMEN. La Sentencia del TEDH de 9 de enero de 2009 (caso Iribarren Pinillos contra España) declara que el Estado demandado ha vulnerado el artículo 3 del Convenio (derecho a no sufrir torturas ni malos tratos) porque el Tribunal Supremo no indemnizó al demandante, herido de gravedad por las fuerzas de policía. La Sentencia de Estrasburgo corrige la interpretación que de los hechos hizo el Tribunal Supremo y deduce del artículo 3 del Convenio un derecho a la indemnización prácticamente autónomo, desligado de una previa declaración de vulneración material o procedimental del precepto y del derecho a un recurso efectivo (art. 13 del Convenio).; ABSTRACT. The ECHR’s judgement in the case Iribarren Pinillos v. Spain declares that had been a violation of article 3 of the European Convention on Human Rights (prohibition of torture or inhuman or degrading treatment) because the Spanish Supreme Court did not award a dammage compensation to the applicant, who had been severely wounded by the police forces. The Strasbourg judgement deduces from article 3 ECHR a right to be compensated regardless of a previous declaration of violation (material or procedural) of the right ensured by the article 3 and of the right to an effective remedy (art. 13).

Coacción administrativa, responsabilidad patrimonial del Estado y Convenio Europeo de Derechos Humanos (de la Sentencia de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2003 a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de enero de 2009, caso Iribarren Pinillos contra España)

Barcelona Llop, Javier
Fonte: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Publicador: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; publishedVersion
SPA
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RESUMEN. La Sentencia del TEDH de 9 de enero de 2009 (caso Iribarren Pinillos contra España) declara que el Estado demandado ha vulnerado el artículo 3 del Convenio (derecho a no sufrir torturas ni malos tratos) porque el Tribunal Supremo no indemnizó al demandante, herido de gravedad por las fuerzas de policía. La Sentencia de Estrasburgo corrige la interpretación que de los hechos hizo el Tribunal Supremo y deduce del artículo 3 del Convenio un derecho a la indemnización prácticamente autónomo, desligado de una previa declaración de vulneración material o procedimental del precepto y del derecho a un recurso efectivo (art. 13 del Convenio).; ABSTRACT. The ECHR’s judgement in the case Iribarren Pinillos v. Spain declares that had been a violation of article 3 of the European Convention on Human Rights (prohibition of torture or inhuman or degrading treatment) because the Spanish Supreme Court did not award a dammage compensation to the applicant, who had been severely wounded by the police forces. The Strasbourg judgement deduces from article 3 ECHR a right to be compensated regardless of a previous declaration of violation (material or procedural) of the right ensured by the article 3 and of the right to an effective remedy (art. 13).

Análisis crítico del régimen jurídico de videovigilancia de las fuerzas de orden y seguridad pública

Palacios Huerta, Patricio Andrés
Fonte: Universidad de Chile Publicador: Universidad de Chile
Tipo: Tesis
ES
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Tesis (magister en derecho con mención en Derecho Público).; En el primer capítulo se propone un concepto de videovigilancia y distinguen sus elementos constitutivos. A continuación, se analiza el marco constitucional y legal de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, con el objeto de determinar las potestades que son de su competencia, y los títulos de intervención que eventualmente autorizarían el uso de dichos dispositivos electrónicos en el ejercicio de sus funciones. En el segundo capítulo se analizan las distintas clases de usos que da la Fuerza Pública a los sistemas de captación de imagen y sonido, distinguiéndose según se trate, de videovigilancia policial con fines preventivos, para la investigación de los delitos y las faltas, el control del cumplimiento de las normas de tránsito, actividades de inteligencia policial, y como medida de seguridad privada. En el tercer capítulo se trata la relación entre videovigilancia y el principio de reserva legal, con el fin de determinar si se trata de una actividad que debe ser regulada por ley, y en tal caso, la legitimidad e intensidad admisible de la colaboración reglamentaria. Finalmente, el capítulo cuarto está destinado al estudio de la videovigilancia en el derecho comparado...

Los estados de la democracia: Bases políticas y policiales del poder estatal en una provincia del norte argentino

Schnyder,Celeste
Fonte: Postdata Publicador: Postdata
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/06/2015 ES
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Los alcances del poder de policía de algunos estados provinciales argentinos sobre el espacio político y sus contradicciones con libertades propias del régimen democrático es el tema de este artículo. La noción de "enemigo interno" subyacente en las leyes orgánicas de las fuerzas policiales, sancionadas en su mayoría bajo una representación autoritaria de la seguridad interior, colocó a determinados sectores de la población bajo sospecha y control de distintos organismos de inteligencia política. A través del caso de los gobiernos "juaristas" en Santiago del Estero (1995-2004), abordamos las modalidades policiales de intervención en la política teniendo en cuenta las funciones formales del Departamento de Informaciones Policiales (DIP), como los vínculos extrainsritucionales entre dirigentes y el organismo. Aunque la legislación nacional prohibe el espionaje político, las autonomías provinciales y la funcionalidad de la inteligencia política favorecieron a la vigencia del DIP y desalentaron la coordinación de políticas en materia de seguridad democrática.